El Barómetro de Confianza Institucional que elabora trimestralmente Metroscopia para el País nos da algunos datos dignos de tener en cuenta.
Del lado de la sociedad civil, el papel estelar corresponde, sin lugar a dudas, a las pymes, que ocupan el segundo lugar (evaluadas positivamente por un 90%) en la clasificación general de confianza ciudadana. Además de confirmar la nueva mentalidad predominante en nuestra sociedad respecto de la vida económica y empresarial, este dato sin duda expresa el generalizado reconocimiento ciudadano al esfuerzo de tantas empresas pequeñas y medianas por sobrevivir y dar trabajo a más de nueve de cada diez personas que tienen todavía empleo, a pesar de las dificultades que las abruman. No solo siguen, mayoritariamente, sin poder disponer, en condiciones razonables, del crédito que precisan, sino que de hecho, en la práctica cotidiana, son más bien ellas las que se ven forzadas a financiar al propio Estado o a las grandes empresas: a aquel, abonándole puntualmente, y por adelantado, el IVA de facturas aún sin cobrar, y a ambos, soportando su frecuente morosidad en el abono de lo debido. La actual crisis está haciendo, además, que muchas pymes estén aprendiendo a sobrevivir “desbancarizadamente”: habrá que ver con qué consecuencias cuando amaine la crisis. Los bancos, por cierto, siguen ocupando el antepenúltimo lugar en la lista general de confianza, por delante tan solo de políticos y partidos.
En un país crecientemente empobrecido (y que soporta con serena dignidad pagar así, colectivamente, culpas aún mal determinadas pero que con certeza no corresponden a todos por igual) no puede extrañar el también masivo reconocimiento a la labor asistencial de los servicios sociales de los municipios y, sobre todo, de instituciones como Cáritas. Esta, de hecho, se constituye de forma rotunda en la cara mejor evaluada de una Iglesia española juzgada por la ciudadanía con profundas matizaciones: el 74% de reconocimiento ciudadano a Cáritas baja a un todavía apreciable 51% en el caso del clero parroquial, a un moderadamente negativo 41% en el caso de la Iglesia considerada en conjunto, y a tan solo un 21% en el caso de los obispos, relegados así al pelotón de cola junto a bancos, políticos y partidos.
Un llamativo grado global de satisfacción con nuestro servicio público que se sustenta fundamentalmente en la espectacular consideración en que tienen los españoles a los médicos de la sanidad pública (evaluados positivamente por un 92%), a los investigadores científicos (92%), a los profesores de la enseñanza pública (85%) y a los cuerpos y fuerzas de seguridad (86% la Guardia Civil, 83% la Policía y 72% las Fuerzas Armadas). Es decir, significativamente, a instituciones y servicios moderada —o incluso modestamente— remunerados y, además, castigados con especial dureza por los recortes presupuestarios.
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