El TTIP

IUn fantasma recorre Europa: se llama TTIP. Detrás de estas siglas se esconde el polémico Tratado de Libre Comercio que actualmente negocian Estados Unidos y la Unión Europea. Más allá de cuestiones ideológicas, tendríamos que hacernos una pregunta muy simple: ¿beneficia este proyecto a la ciudadanía? Veamos. Por un lado, amenaza a nuestra democracia. Además de ser negociado de forma opaca y de espaldas a la ciudadanía (pero no de los lobbies corporativos, los principales agentes consultados durante todo el proceso), el TTIP quiere poner en marcha mecanismos que refuerzan el poder de las multinacionales, frente a la soberanía de los Estados y de la Unión Europea. Primero propone crear un tribunal de arbitraje privado para resolver desencuentros entre empresas y Estados, el llamado ISDS por sus siglas en inglés (Investor-State Dispute Settlement). Este caballo de Troya de las multinacionales permitiría, por ejemplo, que un Estado tenga que indemnizar potencialmente a una empresa por querer aumentar el salario mínimo (como ha pasado en Egipto), por prohibir el fracking en su territorio (como en Quebec) o por querer defender la salud pública contra las multinacionales del tabaco (como en Australia). Además, pretende crear el mecanismo de Cooperación Reguladora, cuya finalidad es conducir el proceso de armonización legislativa entre EEUU y UE, de forma que, poco a poco, se vayan ajustando ambas regulaciones. Según un borrador de negociación del 23 de diciembre, EEUU y la UE deberían ofrecer "una oportunidad razonable para que cualquier persona física o jurídica nacional o extranjera que pueda ser potencialmente afectada" por una nueva normativa pueda "proporcionar información a través de un proceso de consulta pública". O sea, esta herramienta permitirá a las empresas multinacionales presionar a los gobiernos y a la propia UE durante la elaboración de cualquier ley que les afecte. Es la institucionalización del lobbiyng. Así que mientras que el ISDS podría servir para invalidar leyes ya existentes, consideradas contrarias a los intereses económicos de las grandes corporaciones, la Cooperación Reguladora funcionaría de manera previa al proceso legislativo, con la posibilidad de obstaculizar el derecho de los Estados y de la Unión Europea a legislar. Se trata de una pinza pre y post-legislativa perfecta. Por otro lado, el TTIP amenaza gravemente el actual modelo social, los servicios públicos, la agricultura, el medio ambiente, la propiedad intelectual o el bienestar animal, pues busca suprimir las barreras comerciales no arancelarias. Es decir, armonizar las normativas y regulaciones de ambos lados del Atlántico. Por (mala) experiencia previa con tratados de este tipo (como el NAFTA entre EEUU, Canadá y México).

De aprobarse, el TTIP supondría, entre muchos ejemplos, que se pudiesen comercializar alimentos, transgénicos, cosméticos o productos químicos hoy en día prohibidos en Europa por considerarse nocivos para la salud, el medioambiente o la protección animal.

Así que, volvamos a preguntarnos: ¿a quién beneficia el TTIP? Sin la menor duda, daría más poder (y beneficios) a las multinacionales, y a sus socios en política, en detrimento de los derechos de la gente de la calle, de las generaciones futuras y del medio ambiente.

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