El Tribunal Constitucional

La convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y su consiguiente impugnación por el Gobierno y suspensión por el Tribunal Constitucional (TC) es la penúltima viñeta de una secuencia anunciada desde hace demasiado tiempo.

 la Sentencia 31/2010 del TC sobre el Estatut de Cataluña de 2006. Además de ser la sentencia más larga de la historia del TC, su fallo dictaminó con ¡4 años de retraso! que un reducido número de enunciados del Estatut eran incompatibles con la Constitución... a pesar de que esos mismos enunciados se hayan reproducido en los de la Comunidad Valenciana o Andalucía, sin que el PP los impugnara como hizo, masivamente, con la práctica totalidad del Estatut. La irresponsabilidad del Gobierno de la Generalitat, que hasta la fecha de hoy sigue presidiendo Artur Mas, es inmensa insoslayable.

Hay que recordarlo alto y claro. Durante toda la tramitación del Estatut, la dirección del PP -con Rajoy a la cabeza- galopó una atronadora campaña anticatalana. No sólo se manifestó jubilosamente acompañado de activistas de ultraderecha, sino que en aquel momento puso en marcha una disparatada (e inconstitucional) recogida de firmas contra el Estatut -llegó a promover una enloquecida campaña de catalanofobia, y generó en buena parte de la sociedad catalana la impresión en la retina de que así no había nada que hacer dentro de España y con el resto de España.

El daño infligido, por tanto, a la propia Constitución. Produce estupor e indignación constatar que todo eso lo ha hecho el mismo PP que tanto se llena la boca con la defensa impostada de la Constitución. Grande, muy grande, es por tanto la responsabilidad del PP en el deterioro de la función garante que debe cumplir el TC.

En la actualidad, la práctica totalidad de las leyes de avances en derechos y en libertades y en igualdad adoptadas por el Gobierno de Zapatero se encuentra recurrida ante un TC. Esta la ley del aborto. El PP la recurrió y el recurso sigue vivo. La teatral espantada de Gallardón no exime al conjunto del Gobierno de su responsabilidad sobre ese recurso contrario a una ley que protege la libertad y dignidad de las mujeres en términos equiparables a los de la gran mayoría de sociedades europeas. Al no retirarlo, el PP no solamente endosa al TC la "papa caliente" que no ha tenido el coraje de resolver políticamente -la retirada de la ley Gallardón es un subterfugio vergonzante-, sino que confía en que el TC le haga el trabajo sucio de amartillar la ley vigente.

Una sentencia así sería lo que le faltaría al TC para acabar de derruir su credibilidad mermada. 

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